La entidad mercantil Siteme Menorca S.L.U. ha logrado una sentencia favorable a sus intereses tras interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Consell Insular de Menorca por entender vulnerados sus derechos patrimoniales, por abuso de poder en la planificación del PTI, al haber incluido un suelo urbano, propiedad del demandante, en un Área de Reordenación Turística en el municipio de Alaior tras descalificarlo y pasarlo a la categoría de urbanizable, empleando la figura de “esponjamiento”.
El Consell Insular ha sido condenado en 1ª. Instancia y tendría que hacer frente a una indemnización millonaria, que puede llegar a 39.489.205,44 euros.
Esta sentencia, por pionera, supone un hito y un rayo de esperanza para los promotores y particulares que se han visto continuamente lesionados en sus derechos patrimoniales por la aplicación restrictiva, unilateral y capciosa que del PTI ha hecho el propio Consell insular, sin contrapartida económica alguna para los promotores y particulares anteriormente aludidos.
Recordemos que varios contenciosos interpuestos contra el Consell insular de Menorca por aplicación del PTI fueron retirados voluntariamente por los promotores, como prueba de buena voluntad en la negociación de convenios urbanísticos con los ayuntamientos de Menorca, no solamente por el ideario que el PTI sostiene, sino también para que las Áreas de Reordenación Turística se desarrollaran y se llevaran a cabo, urbanísticamente hablando, en un plazo razonable.
Promotoras como Ordenación Son Saura, Golf Son Saura, y otras varias, “confiaron” en dichos convenios y en la actualidad ven como sus proyectos siguen paralizados, durmiendo el sueño de los justos, por causa de la lentitud administrativa, en este caso de los propios ayuntamientos.
Nos preguntamos, ¿dispondrá el Consell insular de Menorca de los 50 € necesarios para depositarlos, conforme a los requisitos establecidos en la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció, para acceder al Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo?, después de manifestar una y mil veces el propio Consell insular “la insuficiencia de recursos financieros de las diferentes administraciones para hacer frente a las cargas derivadas del planeamiento territorial”, cuando los promotores le han solicitado indemnizaciones económicas.
Vea la Sentencia
